Tras el escándalo des­atado por la publi­cación de una serie de transferencias realiza­das por el Instituto José P. Guggiari, ONG que recibe los fondos del Tribunal Superior de Justicia Elec­toral (TSJE) correspon­dientes al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), la directora de la institu­ción, Iris Rocío González, confirmó que los desembol­sos fueron realizados en la gestión anterior y que no existen facturas que den rendición de los gastos por el dinero que fue a la cuenta de un grupo de leales de Efraín Alegre, presidente de la nucleación azul.

La directora de la ONG refi­rió en comunicación con la radio Universo 970/Nación Media que su gestión inició en mayo del 2022 y al ingre­sar su equipo realizó un corte administrativo en el que se percataron de estas transferencias. “Noso­tros no nos podemos hacer cargo de ese trabajo ante­rior, entonces hicimos un corte administrativo en el que se informó justo lo que fue publicado”, subrayó.

Ante la falta de documen­tación sobre las 23 trans­ferencias que constan en el informe del Banco Nacional de Fomento (BNF), la titular del instituto sostuvo que lo que hicieron fue hacer cons­tar que dichas acreditacio­nes millonarias fueron rea­lizadas con anterioridad y que desde su gestión no reci­bieron facturas de la ejecu­ción. Sostuvo, además, que toda la información sobre esta falta de documentación ya le fue comunicada tanto al Tribunal Superior de Jus­ticia Electoral (TSJE) como a la Secretaría de Preven­ción de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Sobre los beneficiarios de estas transferencias, como Marlene “Chispita” Orué y su pareja, González sostuvo que ya no dictan cursos, así como los otros que apare­cen en el informe de trans­ferencias.

Transferencias realizadas por el Instituto José P. Guggiari a grupo de leales y cuyos gastos no cuentan con documentos de respaldo, según directora de esta ONG.

La publicación que desnudó el manejo discrecional de los fondos del partido pre­sidido por el excandidato de la Concertación, Efraín Alegre, cayó como un bal­dazo de agua fría para los dirigentes liberales, quie­nes claramente indignados manifestaron que nadie estaba en conocimiento de estas transferencias.

Sobre el caso, el actual vice­presidente del movimiento Juventud Liberal Radical Auténtica (JLRA), Dylan Carreras, también señaló a la Universo 970 AM que no estaba al tanto de estos des­embolsos y que “las puertas siempre están cerradas para los que no somos del equipo de Efraín”. Resaltó, además, que le parece lamentable que los fondos transferidos al dirigente de la Conducción Nacional del JLRA, Martín Cogliolo, fueran utilizados para un campamento que “no fue institucional”, sino del “movimiento de Efraín”.

En un cruce de comunica­ciones en la misma emi­sora, Cogliolo sostuvo que de los G. 20 millones trans­feridos a su nombre utilizó G. 10 millones y el resto fue devuelto al instituto y que la rendición de los gastos del campamento fue comuni­cado a la tesorería del par­tido y publicado en redes sociales; sin embargo, lo viralizado es un flyer que no suple a facturas lega­les. Indicó que el instituto suele financiar campamen­tos organizados por todas las agrupaciones del par­tido, lo que fue negado pos­teriormente por el tesorero del JLRA, Rodrigo Osnagi, quien manifestó que solo el campamento organizado por el efrainista fue el que recibió fondos provenien­tes del instituto y, por tanto, del Estado. “El instituto está solo para capacitaciones y, por tanto, nosotros solo pedimos fondos para capa­citaciones, no para campa­mentos”, finalizó Osnagi.

Con esto se puede ver cómo el manejo discrecional de los fondos del partido en bene­ficio de los allegados de su cuestionado titular, Efraín Alegre, continúan fragmen­tando cada vez más la orga­nización.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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